Profesionales bajo la lupa: el nuevo frente contra el lavado de dinero en Guatemala
El dictamen de reforma a la ley antilavado abre un frente polémico: la incorporación de profesionales como nuevos agentes obligados. El diputado Elmer Palencia admite que este será uno de los puntos que más debate generará en el pleno del Congreso. “Ese es un tema que va a generar un poquito de discusión”, anticipó.
La figura de agentes obligados implica responsabilidades especiales en la prevención del lavado de dinero. En la propuesta, los profesionales tendrán un régimen especial, distinto al de los bancos o entidades financieras. “No son tratados como una entidad financiera o un banco internacional”, aclaró Palencia.
El legislador insiste en que la redacción busca equilibrar la necesidad de control con la realidad del ejercicio profesional. Abogados, contadores y otros asesores podrían entrar en la cadena de monitoreo de operaciones sospechosas. Sin embargo, la forma en que se implementará ese control aún despierta dudas dentro del Congreso.
Palencia defendió que el dictamen fue trabajado con apoyo técnico especializado. “Hemos tenido un cuerpo de apoyo de técnicos expertos en este tema, junto con la IVE y la Superintendencia de Bancos”, dijo. Para él, ese respaldo es un escudo frente a críticas de que las reformas se quedaron cortas frente a los estándares internacionales.
Reforma al artículo 75: así busca frenar penas desproporcionadas por lavado de dinero
El tiempo jugó un papel crucial en la negociación interna. Una semana de aplazamiento permitió incorporar la reforma al artículo 75, surgida tras una citación al ministro de Economía. “Creo que fue muy positivo tener un poco de tiempo más”, afirmó. Para el diputado, el retraso evitó que se aprobara un texto incompleto.
Aun así, sabe que los riesgos políticos permanecen. Si los organismos internacionales consideran insuficientes los cambios, la responsabilidad recaerá en el bloque que impulsó el dictamen. “A ustedes les va a tocar asumir el costo político”, le advirtieron, reconoce Palencia.
Con la evaluación de Gafilat prevista para 2027, el Congreso deberá decidir pronto si asume el paquete completo de reformas, incluidos los agentes obligados profesionales. Palencia envía un mensaje a sus colegas: “Es una responsabilidad del Estado como tal y el Estado somos todos”. En la próxima sesión sabrán si el pleno comparte esa lectura.